Guatemala vivió un caótico jueves, lleno de sirenas de la policía, protestas, capturas y conferencias de prensa improvisadas. La Policía Nacional Civil llevó a cabo 31 cateos por todo el país para hacer cumplir 27 órdenes de detención, emitidas por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio del Ministerio Público (MP) en contra de estudiantes, políticos, académicos, influenciadores, el presidente y vicepresidenta recién electos. Estas personas son acusadas de usurpación, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita, todos relacionados con el caso «Toma de la Usac» que fue revelado el pasado 16 de noviembre.
Todo comenzó en mayo de 2022, cuando la Universidad de San Carlos (Usac) fue tomada por estudiantes luego de la cuestionada elección del rector universitario, Walter Mazariegos, quien había sido nombrado el 1 de julio de 2022. La comunidad universitaria acusó a Mazariegos de fraude en los comicios y exigieron nuevas elecciones. La Usac permaneció cerrada hasta la mañana del 9 de junio de 2023, cuando los estudiantes entregaron las instalaciones y se reanudaron las clases.
En base a estos hechos, la fiscalía acusó a los sindicados de cometer una serie de delitos durante la toma de la universidad. Entre los sindicados hay estudiantes y catedráticos de la Usac acusados de participar en la toma, funcionarios públicos e integrantes de partidos políticos que, según la fiscalía, utilizaron la toma de la Usac como «plataforma política» para posicionar sus carreras políticas en las elecciones generales de 2023. Por esto, el MP ha solicitado el retiro de antejuicio para el binomio presidencial Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y los diputados Aldo Dávila y Carlos Barreda, del partido VOS; Román Wilfredo Castellanos y Samuel Pérez, Raúl Barrera Robles, de Semilla; y Adán Pérez y Pérez, de Winaq. Todos ellos estuvieron involucrados en la toma de la Usac, apoyando a los estudiantes y ahora son acusados de los delitos de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Las autoridades señalaron que muchas de las pruebas de la fiscalía se basan en publicaciones en redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter. Sin embargo, de las 27 órdenes de captura emitidas, sólo cinco fueron ejecutadas. Entre ellas, la influenciadora y excandidata a diputada por Semilla, Marcela Blanco, y el periodista Engelberth Blanco, del diario de oposición La Hora. Los otros tres capturados son profesionales y académicos respetados en sus áreas: Eduardo Antonio Velásquez, historiador, docente y columnista; Rodolfo Chang Shum, decano de la Facultad de Medicina Veterin
