La democracia de Guatemala ha sufrido un nuevo embate en los últimos meses. El Ministerio Público, en conjunto con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó tres investigaciones con el objetivo de cuestionar la victoria del partido Semilla en las elecciones del 25 de junio de 2023 y tratar de invalidar los resultados.
El primer caso es el conocido como “Firmas Falsas”, en el que se solicitó el retiro de antejuicio del presidente electo Bernardo Arévalo y del diputado electo Samuel Pérez. La Fiscalía asegura tener evidencia de que se falsificaron firmas para constituir a Semilla como partido, por lo que el partido no debería haber participado en las elecciones.
La segunda investigación se denomina “Financiamiento electoral no reportado” y involucra nuevamente a Arévalo. El fiscal Rafael Curruchiche, incluido en la Lista Engel de Estados Unidos al ser declarado un “actor que favorece la corrupción”, afirma que el presidente electo habría cometido el delito de lavado de dinero por un préstamo de $44,000 (euros) que el partido Semilla adquirió cuando él era representante legal. Curruchiche también ha pedido apoyo a Estados Unidos para rastrear el dinero, con la ayuda del FBI o de la DEA.
Por último, la fiscalía presentó el caso “Elecciones Nulas”. Según los fiscales, terceras personas alteraron los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), lo que supuestamente supondría una “precarga ilegal de información”. La Fiscalía busca declarar nulo el proceso electoral por esta razón.
Sin embargo, el caso no cuenta con bases sólidas. Todos los alegatos que hace la fiscalía son, según expertos en el proceso electoral, cuestionables. Eso se debe a que en septiembre el MP secuestró la evidencia electoral bajo el resguardo del TSE y abrió las cajas que guardaban los votos físicos de la ciudadanía. El TSE dijo entonces que, debido a ese hecho, “no podrían responsabilizarse más de la evidencia electoral”, por lo que no hay manera de probar que las actas que la fiscalía dice que hacen falta, no fueron extraviadas precisamente por la misma FECI.
Debido a esto, la comunidad internacional —incluyendo la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos— han hecho llamados de atención al presidente Alejandro Giammattei y a la fiscal general Consuelo Porras. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó las acciones del MP como un “intento de golpe” y una “alteración del orden constitucional del país”. El presidente colombiano Gustavo Pero también fue contundente al afirmar que “estamos frente a un golpe de estado en Guatemala”.
Frente a estas acusaciones, el TSE convocó de
