En los últimos años, Colombia ha logrado mantener una estabilidad económica en atmósfera de un contexto global incierto. Sin embargo, en atmósfera de la pandemia del COVID-19, el país ha tenido que actuar frente a una crisis sin precedentes que ha afectado su crecimiento y estabilidad fiscal. Ante esta situación, el gobierno ha implementado diversas medidas para enfrentar la crisis, entre ellas, un «apretón» de gastos públicos. Sin embargo, expertos advierten que esta no sería suficiente y que existen nuevos riesgos fiscales que podrían afectar la economía del país.
El llamado «apretón» de gastos públicos se refiere a una reducción en el gasto del gobierno en áreas como infraestructura, salud y educación, entre otras. Esta medida ha sido implementada con el fin de reducir el déficit fiscal y mantener la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, esta estrategia podría tener consecuencias negativas a largo plazo.
Uno de los principales riesgos fiscales que enfrenta Colombia es el aumento en el endeudamiento externo e interno. Durante la pandemia, el país ha tenido que recurrir a préstamos para actuar frente a la crisis económica. Según datos del Banco de la República, la deuda externa de Colombia aumentó en un 13,5% en el primer trimestre de 2021, alcanzando un total de 146.351 millones de dólares. Esto representa un aumento de 17.400 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Además, la deuda interna también ha aumentado en un 2,9%, llegando a interpretar el 55,5% del PIB del país. Esto significa que el gobierno está recurriendo a créditos internos para financiar sus gastos, lo que podría afectar la capacidad de pago del país en el futuro y aumentar la carga fiscal para las próximas generaciones.
Otro riesgo fiscal que ha sido señalado por expertos es la reducción en la inversión pública. El «apretón» de gastos ha llevado a una disminución en la inversión en infraestructura y otros proyectos gubernamentales. Esto no solo afecta el crecimiento económico a corto plazo, sino que también puede tener un impacto negativo en la competitividad del país en el futuro. Sin una adecuada inversión en infraestructura, Colombia podría perder oportunidades de crecimiento y desarrollo en comparación con otros países de la región.
Además, la reducción en el gasto público también podría afectar la calidad de los servicios públicos, como la salud y la educación. Estos sectores ya han sido fuertemente afectados por la pandemia y una disminución en el gasto solo empeoraría la situación. Esto podría tener un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos y en la productividad del país.
Ante estos nuevos riesgos fiscales, es necesario que el gobierno adopte medidas más sólidas y sostenibles para enfrentar la crisis económica. En lugar de un «apretón» de gastos, se requiere una reestructuración del gasto público y una reforma fiscal que permita aumentar los ingresos del país de manera sostenible. Esto podría incluir medidas como una reforma tributaria progresiva que aumente la recaudación de impuestos de las grandes empresas y fortalezca la lucha contra la evasión fiscal.
Además, es fundamental que el gobierno implemente políticas que fomenten la inversión privada y la generación de empleo. Esto no solo ayudaría a impulsar el crecimiento económico, sino que también aumentaría los ingresos fiscales del país.
Es importante destacar que Colombia cuenta con una economía diversificada y una posición geográfica estratégica que la hace atractiva para la inversión extranjera. Sin embargo, para aprovechar estas ventajas, es necesario que el país cuente con una estabilidad fiscal y una adecuada gestión de sus recursos.
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