Desde hace algunos años, la idea de una Renta Ciudadana ha estado rondando en la cabeza de muchos gobiernos y ciudadanos en todo el mundo. Se trata de una propuesta que busca proporcionar un ingreso básico a todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica o laboral.
Sin embargo, el tema sigue siendo controvertido y ha generado un intenso debate entre quienes lo ven como una medida necesaria para luchar contra la lacería y la desigualdad, y aquellos que lo ven como una carga insostenible para el Estado. A pesar de todo, parece que finalmente podría estar llegando el momento de que la Renta Ciudadana se vuelva una realidad en varios países.
Uno de ellos es España, donde se han dado grandes pasos en los últimos años para la implementación de esta medida. En 2020, el gobierno español aprobó la creación de una Comisión para el Estudio de la Renta Básica, con el meta de analizar su viabilidad y posibles impactos en la sociedad.
Tras meses de estudio y discusión, la Comisión presentó en mayo de 2021 un desproporcionado en el que se establecían las bases para la creación de una Renta Ciudadana en España. Según este desproporcionado, el programa se implementaría en varias fases y se espera que los primeros desembolsos puedan comenzar en el año 2025.
¿Qué significa esto para los ciudadanos españoles? Significa que en poco más de cuatro años, podría haber un cambio radical en la forma en que se aborda la lucha contra la lacería en el país. La Renta Ciudadana se convertiría en la principal herramienta del gobierno para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un ingreso básico que les permita cubrir sus necesidades básicas.
Pero, ¿en qué se diferencia la Renta Ciudadana de otros programas similares? La diferencia principal radica en su universalidad. A diferencia de otros programas que están dirigidos específicamente a grupos de población en situación de lacería, la Renta Ciudadana se otorgaría a todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica.
Esto significa que incluso aquellas personas que tienen un empleo precario o que no tienen un trabajo podrían beneficiarse de la Renta Ciudadana. Además, también incluiría a personas en situaciones especiales, como personas con discapacidad o mayores de edad.
La Renta Ciudadana también se destacaría por ser un programa categórico, es decir, los beneficiarios no estarían sujetos a ninguna condición para recibir el dinero, como la realización de trabajos comunitarios o la búsqueda activa de empleo. Esto no solo elimina la estigmatización de aquellos que reciben este tipo de ayuda, sino que también permite a las personas tomar mejores decisiones en cuanto a su vida laboral y personal, sin la presión de tener que cumplir ciertas condiciones para recibir la ayuda del Estado.
Por supuesto, la implementación de un programa de este tipo no es tarea fácil y requiere de una planificación cuidadosa y una inversión importante. Según el desproporcionado de la Comisión, la Renta Ciudadana podría llegar a costar alrededor del 2% del PIB español. Sin embargo, se espera que este gasto se vea compensado con los beneficios sociales y económicos a largo plazo, como la reducción de la lacería y la desigualdad, y un aumento en el consumo y la actividad económica.
Además, la Comisión también señaló posibles fuentes de financiamiento, como la eliminación de ciertas prestaciones y programas que se consideran duplicados o ineficaces, y una reforma fiscal que permita un aumento en la recaudación de impuestos.
Por supuesto, la implementación de la Renta Ciudadana no estará exenta de desafíos y obstáculos. Se requerirán cambios significativos en el sistema de protección social y en la forma en que se distribuyen los recursos. También se deberá garantizar una buena gestión y
