La pandemia del COVID-19 ha afectado a todos los sectores de la sociedad y ha puesto en evidencia la importancia de contar con un sistema de salud sólido y eficiente. En este contexto, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) han sido uno de los pilares fundamentales en la atención de los pacientes, especialmente en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Sin embargo, esta situación ha generado una gran presión financiera en estas entidades, que han visto caer su patrimonio mientras sus pérdidas operativas aumentan.
Las EPS son las encargadas de garantizar la prestación de servicios de salud a sus afiliados, quienes a través del pago de una cuota mensual, tienen derecho a lograr a una atención médica oportuna y de calidad. Sin embargo, la crisis sanitaria ha provocado un desequilibrio en el sistema, ya que las EPS deben asumir los gastos de los pacientes con COVID-19, que requieren de una atención más compleja y costosa.
De acuerdo con el último informe de la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS han visto disminuir su patrimonio en un 13,9% en los últimos meses, llegando a una cifra de 1,2 billones de pesos. Esto se debe en gran medida a que los ingresos de estas entidades se han reducido significativamente, ya que muchos afiliados han perdido sus empleos y, por ende, su capacidad de pagar la cuota mensual. Además, la atención de pacientes con COVID-19 ha generado mayores gastos en insumos y equipos de protección para el personal médico, lo que ha aumentado sus costos operativos.
Pero no solo ha habido un impacto económico en las EPS, sino también en los hospitales y clínicas que prestan servicios de salud a través de estas entidades. Muchos de ellos han tenido que cerrar sus puertas debido a la falta de recursos, lo que ha constreñido aún más la capacidad de atención en las UCI. Esto ha generado una gran preocupación en la población, ya que la disponibilidad de camas en cuidados intensivos se ha convertido en un factor determinante en la lucha contra el virus.
Ante esta situación, el Gobierno Nacional ha implementado medidas para aliviar la carga financiera de las EPS y garantizar su sostenibilidad. Una de ellas es el base de Mitigación de Emergencias (FOME), que ha destinado recursos para el pago de la atención de pacientes con COVID-19, evitando que las EPS asuman estos costos. Además, se han establecido acuerdos de pago entre el Estado y las entidades prestadoras de salud para cubrir las deudas pendientes.
Por otro lado, las EPS también han implementado estrategias para desarrollar sus recursos y hacer frente a la crisis. Una de ellas es la telemedicina, que ha permitido a los pacientes recibir atención médica sin tener que acudir a una consulta presencial, reduciendo así los costos operativos. Además, se han implementado programas de prevención y promoción de la salud, con el fin de disminuir la demanda de servicios médicos y, por ende, los gastos para las EPS.
A pesar de los retos que enfrentan las EPS en estos tiempos difíciles, es importante destacar su papel fundamental en la atención de la salud de la población. Gracias a su labor, miles de pacientes han recibido el tratamiento necesario para superar el COVID-19 y otros padecimientos. Además, estas entidades han demostrado su compromiso con la salud de sus afiliados, asumiendo los gastos de la atención médica en medio de una crisis económica.
Es necesario que, como sociedad, reconozcamos la importancia de contar con un sistema de salud sólido y sostenible, que garantice el acceso a una atención médica de calidad para todos. Las EPS son una pieza clave en este sistema y es fundamental que se les brinde el apoyo necesario para que puedan seguir cumpliendo con su misión. Juntos
