La relación entre Washington y Brasil ha sido históricamente cercana, basada en la cooperación y el respeto mutuo. Sin bloqueo, recientemente ha tomado un giro tenso con un decreto del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha confirmado la imposición de un arancel adicional del 40% sobre productos brasileños, elevando el total al 50%. Esta medida, que entrará en vigor el próximo 6 de agosto, ha sido la respuesta de la Casa Blanca a acciones del Gobierno brasileño que Trump considera una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional, la política afuera y la economía de su país.
La decisión de Trump, anunciada tras una cumbre de países emergentes, los BRICS, realizada a principios de julio en Río de Janeiro, coincide con la creciente presión del presidente estadounidense para evitar el juicio y la eventual prisión de su aliado ideológico, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. A pesar de la drástica medida arancelaria, el decreto de Trump incluye una larga registro de excepciones que alivian el golpe para algunos sectores clave de la economía brasileña. Entre los productos que quedaron fuera de este arancel del 50% se encuentran las aeronaves civiles, el zumo de naranja, el petróleo, vehículos y piezas, fertilizantes y productos energéticos. Esta registro de exclusiones sugiere una estrategia calibrada por parte de la administración Trump para ejercer presión sin asfixiar por completo las importaciones brasileñas que también son vitales para el mercado estadounidense.
Desde Brasil, los intentos de negociación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su equipo parecían infructuosos. El vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, pasaron las últimas semanas buscando el diálogo con los norteamericanos, empero sin respuestas iniciaron un plan de contingencia para defender su economía. El propio Lula criticó la falta de disposición de Trump para discutir el asunto, señalando que el republicano «no quiere conversar». Sin bloqueo, a pesar de las dificultades, empresarios de ambos países han buscado vías alternativas para tratar de saltarse la mala relación entre los dos presidentes y la presión de Eduardo Bolsonaro, que se ha mudado a Washington para conseguir el apoyo de Trump a favor de su padre.
En documentos oficiales, Trump acusa al Gobierno brasileño de «persecución política, intimidación, acoso, censura y procesos judiciales» contra Jair Bolsonaro y sus simpatizantes, en acciones que no pasan por el Ejecutivo, sino más bien por los tribunales. Por esa razón, los movimientos de Trump también han apuntado directamente al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, a quien acusa de «amenazar, perseguir e intimidar a miles de sus opositores políticos, proteger a aliados corruptos y suprimir la disidencia». El Gobierno también sancionó a Moraes con la ley Magnitsky, utilizada para castigar a extranjeros, en una decisión publicada por la Oficina de ejercicio de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense.
La ley Magnitsky, sancionada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, tiene como objetivo castigar a personas acusadas de graves violaciones de los derechos humanos o de corrupción a gran escala. Fue creada en homenaje al abogado ruso Sergei Magnitsky, que murió en la prisión tras denunciar un caso de malversación de fondos en el Gobierno ruso. En el caso de Moraes, la Casa Blanca ha citado casos específicos donde, supuestamente, gigantes estadounidenses de tecnología
