Manuel Ocaño, corresponsal de noticias, ha informado recientemente sobre el acuerdo alcanzado entre Ismael Zambada, también conocido como «El Mayo», y la Fiscalía de Nueva York. Este acuerdo ha generado gran controversia y debate en México, ya que se trata de uno de los líderes más importantes del Cártel de Sinaloa.
En su artículo, Ocaño destaca que ninguna de las cláusulas del acuerdo compromete a Zambada a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en indagatorias criminales. Sin embargo, el periodista Jorge Fernández Menéndez, especializado en temas de seguridad, señala que esto no significa que Zambada no pueda entregar información valiosa.
Según Fernández Menéndez, el gobierno de Estados Unidos cuenta con un gran arsenal de información gracias a sus sistemas de inteligencia, pero lo que Zambada y otros miembros del Cártel puedan aportar es de gran valor. Esta información podría ser utilizada para judicializar casos o para presionar a gobiernos y personajes de interés.
El acuerdo, hecho público recientemente, revela que Zambada aceptó enfrentar la cadena perpetua y se comprometió a no apelar el acuerdo de culpabilidad ni la sentencia que reciba. Además, se comprometió a revelar todos sus activos y entregar cualquier bien oculto para ser confiscado, dos meses antes de recibir su condena en enero.
Es importante destacar que el acuerdo no menciona la cooperación de Zambada con las autoridades estadounidenses, como lo señaló su abogado Frank Pérez en una conferencia improvisada. Pérez afirmó que su defendido «no va a hablar de nadie» ni a revelar información, ya que considera que no ganaría nada con ello.
El acuerdo establece que Zambada aceptó dos cargos que lo identifican como dirigente del Cártel de Sinaloa, a cambio de borrar el resto de los cargos en su contra y no enfrentar la pena de muerte, que la fiscalía descartó desde un principio. Estos cargos incluyen posesión de armas de fuego, uso de la violencia, uso de aeronaves y sumergibles, sobornar a oficiales del orden y mantener el propósito de manufactura y distribución de drogas.
El periodista Arturo Páramo destaca que el acuerdo también incluye una multa de 15 mil millones de dólares impuesta por el magistrado Brian Cogan, el mismo que llevó el juicio y sentenció a Joaquín «El Chapo» Guzmán. Además, el acuerdo menciona que Zambada reconoce que declararse culpable podría tener consecuencias en su estatus migratorio si no es ciudadano de Estados Unidos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su postura respecto a este acuerdo y las declaraciones de Zambada sobre el pago de sobornos a policías, militares y políticos. Sheinbaum afirma que estas declaraciones deben probarse y que, en caso de ser ciertas, debería haber una denuncia formal. También ha pedido a Estados Unidos que aclare cómo fue el traslado de Zambada a su territorio y los detalles del caso en su contra.
En conclusión, el acuerdo alcanzado entre Ismael Zambada y la Fiscalía de Nueva York ha generado gran interés y controversia en México. Aunque no se menciona la cooperación de Zambada con las autoridades estadounidenses, se espera que la información que pueda proporcionar sea de gran valor para la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, aún queda por ver cómo será utilizada esta información y cómo afectará al panorama político y de seguridad en México.