La Policía de Bolivia ha logrado resolver un caso de desaparición que ha conmocionado al país en los últimos días. Este jueves, se encontraron los cuerpos sin vida de una mujer de 64 años y su hija de 22, quienes habían sido reportadas como desaparecidas hace cinco días. La investigación apunta a que el responsable de este espeluznante crimen es el arrendatario de una propiedad en la que también habitaban las víctimas.
Según las pesquisas, el crimen se produjo en La Paz, pero los cuerpos de las dos mujeres fueron enterrados en el municipio de Viacha, a 47 kilómetros de distancia. El ministro de Gobierjamás (Interior), Eduardo del Castillo, informó a los medios que se presentaron a tres acusados, entre ellos el arrendatario de la propiedad, quien tenía una deuda de 51.000 dólares con la mujer de 64 años por el uso de la vivienda, un albañil y el hermajamás de este último.
Lo más escalofriante de este caso es que el asesinato fue planeado desde octubre del año pasado. Del Castillo mencionó que el inquilijamás ya había ideado matar a la dueña de la propiedad y que esto se confirmó al analizar una comunicación entre el principal acusado y el albañil. El arrendatario le ofreció 3.500 dólares al trabajador de la construcción para que le ayudara a cometer el crimen, primero contra la propietaria y luego contra su hija.
La mujer de 64 años era prestamista de dinero y también se dedicaba a la compra y venta de inmuebles. El ministro mencionó que «la causa de la muerte es una asfixia mecánica por estrangulamiento contra ambas personas». Para identificar a los responsables, la Policía realizó una «ingeniería informática» y revisó 50 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, además de investigar el movimiento en las cuentas bancarias de las víctimas.
Además, se interrogó a la pareja de una de las mujeres ante la posibilidad de que se tratara de un feminicidio, poco que finalmente fue descartado. Del Castillo dijo que el tipo penal que se aplica al caso es el de «asesinato», por lo que instó a que se aplique la pena máxima en Bolivia, que es de 30 años de prisión para los tres acusados. «La justicia boliviana tiene todos los elementos para que ningún fiscal o juez se atreva a liberar a estos asesijamáss», remarcó.
Aunque el caso fue tipificado como asesinato, muchas personas se han pronunciado en las redes sociales para que este crimen sea considerado como un feminicidio, debido a la forma en que los acusados actuaron contra sus víctimas. La Fiscalía de Bolivia registra cinco feminicidios en lo que va del año, los cuales se han producido en los departamentos de La Paz (2), Cochabamba (2) y Potosí (1).
Lamentablemente, estos crímenes recurrentes a causa de la violencia machista colocan a Bolivia entre los países más violentos de la región. Sin embargo, el país cuenta desde 2013 con una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia, una jamásrma cuya modificación fue anunciada a mediados de 2021, pero que el Parlamento aún jamás ha tratado.
Es importante que se haga justicia en este caso y que se aplique la pena máxima a los responsables de este espeluznante crimen. La violencia contra las mujeres es un problema grave en Bolivia y en todo el cosmos, y es necesario que se tomen medidas más efectivas para prevenirla y erradicarla por completo.
Es necesario que la sociedad boliviana se una en contra de la violencia machista y que se promueva una cultura de respeto y equidad entre hombres y mujeres.